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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de diputados contra la…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 1995

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de diputados contra la Ley N° 19.369, que modificó la Ley N° 17.798 sobre control de armas. La mayoría sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, sino que son una facultad del juez dentro de los límites fijados por el legislador, quien tiene primacía en política criminal. Se rechazó la existencia de un derecho subjetivo a penas sustitutivas, pues el Derecho Internacional solo exige proporcionalidad y reinserción social. La exclusión de estas penas para ciertos delitos es constitucional, al responder a una política criminal legítima que prioriza el cumplimiento efectivo de las penas. El artículo 17 B de la Ley N° 17.798 no afecta la individualización judicial de la pena, sino que limita el marco penal dentro de lo legal, permitiendo al juez considerar atenuantes y agravantes. No se vulneró la proporcionalidad ni la igualdad, ya que el control de armas es un bien jurídico protegido que justifica un trato diferenciado. El fallo rectificó la fecha del decreto promulgatorio de la ley.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 17 B, de Ley N° 17.365
  • artículo 141, inciso tercero, de Código Penal
  • artículo 141, inciso cuarto, de Código Penal
  • artículo 141, inciso quinto, de Código Penal
  • artículo 142, de Código Penal
  • artículo 361, de Código Penal
  • artículo 362, de Código Penal
Tribunal ConstitucionalCDSFacultades del Presidente de la RepúblicaAtribuciones del Tribunal ConstitucionalConstitucionalidad De Decreto SupremoPromulgación de leyDecreto promulgatorio

Preguntas frecuentes

¿Tienen las personas derecho a que se les apliquen penas sustitutivas como la libertad vigilada o la remisión condicional?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, sino que son una facultad del juez dentro de los límites fijados por el legislador, y rechazó que exista un derecho subjetivo a ellas.

¿Es constitucional que la ley excluya las penas sustitutivas para ciertos delitos de control de armas?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que la exclusión es constitucional, por responder a una política criminal legítima que prioriza el cumplimiento efectivo de las penas, dentro de la primacía del legislador en esa materia.

¿El artículo 17 B de la Ley de Control de Armas vulnera la individualización judicial de la pena?

En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la norma no afecta la individualización judicial, porque solo limita el marco penal dentro de lo legal, permitiendo al juez considerar atenuantes y agravantes.

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