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La Contraloría General de la República aclara su jurisprudencia y determina que procede…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República aclara su jurisprudencia y determina que procede pagar retroactivamente el beneficio de jardín infantil a funcionarias que matricularon a sus hijos en establecimientos educacionales que imparten educación parvularia y cuentan con reconocimiento oficial del Estado, aunque no tengan el empadronamiento de la JUNJI. Se concluye que el reconocimiento oficial es suficiente para garantizar la protección y seguridad de los niños, por lo que no es exigible el empadronamiento para conceder el beneficio. Se aclaran los dictámenes N°s. 14.374, de 2009 y 37.635, de 2015.

Normas citadas

  • POL art/6
  • POL art/7
  • POL art/98
  • ley 18575 art/2
  • ley 10336 art/1
  • ley 10336 art/5
  • ley 10336 art/6
  • ley 10336 art/9
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Procede pagar el beneficio de jardín infantil si el establecimiento no está empadronado en la JUNJI?

En este dictamen, la Contraloría sostuvo que sí procede, siempre que el establecimiento imparta educación parvularia y cuente con reconocimiento oficial del Estado. El empadronamiento en la JUNJI no es exigible para conceder el beneficio.

¿Se puede pagar retroactivamente el beneficio de jardín infantil a funcionarias que ya matricularon a sus hijos?

La Contraloría determinó que procede el pago retroactivo del beneficio a funcionarias que matricularon a sus hijos en establecimientos con reconocimiento oficial, aunque no estén empadronados en la JUNJI. Con ello aclaró su jurisprudencia anterior.

¿Basta el reconocimiento oficial del Estado para garantizar la protección de los niños en el beneficio de jardín infantil?

Según este dictamen, el reconocimiento oficial es suficiente para garantizar la protección y seguridad de los niños, por lo que no se exige el empadronamiento. La Contraloría aclara en este caso los dictámenes N°s. 14.374, de 2009 y 37.635, de 2015.

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