Un propietario interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones contra l…
Informe · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
Un propietario interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones contra la Municipalidad de Huechuraba, impugnando un decreto municipal que ordena reducir la superficie de su inmueble, adquirido por sucesión en 2002 y subdividido en 2010. El recurrente alega que el decreto sancionador N° /2024 afecta los deslindes de la propiedad, amenazando la pérdida de aproximadamente 10 metros de superficie, sin que medie un procedimiento expropiatorio previo. Solicita una orden de no innovar para suspender el procedimiento administrativo sancionador tramitado por la Dirección de Obras Municipales, argumentando que la actuación municipal es ilegal y arbitraria, perturbando su derecho de propiedad debidamente registrado en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La Corte debe resolver si acoge la medida cautelar para evitar un daño irreparable.
Normas citadas
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Procede el recurso de protección contra un decreto municipal que ordena reducir la superficie de un inmueble sin procedimiento expropiatorio?
En este caso, la Corte de Apelaciones debe resolver si acoge la orden de no innovar para suspender el procedimiento sancionador municipal, por la alegada amenaza de pérdida de superficie del inmueble sin expropiación previa, ya que el propietario sostiene que la actuación es ilegal y arbitraria.
¿Puede la Corte suspender un procedimiento administrativo sancionador municipal mediante una orden de no innovar en un recurso de protección?
En este caso, el propietario solicitó la orden de no innovar para suspender el procedimiento administrativo tramitado por la Dirección de Obras Municipales, y la Corte debe decidir si la acoge para evitar un daño irreparable a su derecho de propiedad.
¿Qué debe probar quien interpone un recurso de protección por afectación a su derecho de propiedad frente a una municipalidad?
En este caso, el recurrente debe acreditar que su propiedad está debidamente inscrita en el Conservador de Bienes Raíces y que el decreto municipal amenaza perturbarla, conforme al artículo 20 de la Constitución, para que la Corte evalúe la medida cautelar.
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