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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el recurso interpuesto contra…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el recurso interpuesto contra la resolución N° 120, de 2012, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que destituyó a un funcionario. El recurrente sostuvo que no se habían acreditado las faltas y que la apreciación de la prueba fue arbitraria, además de alegar que una eventual negligencia médica debía haberse denunciado al Ministerio Público y que no se ponderaron circunstancias atenuantes. El organismo concluyó que la destitución se fundaba en la infracción grave al principio de probidad administrativa, con independencia de otras responsabilidades. Precisó que la ponderación de los hechos y la determinación de la responsabilidad corresponden a la Administración activa, y que solo cabe objetar la decisión ante vulneración del debido proceso, de la normativa aplicable o arbitrariedad, lo que no se advirtió. Finalmente, señaló que, al estar prevista una sanción específica para estas infracciones, la autoridad debe aplicarla sin considerar atenuantes. Se rechazaron los reclamos y se dio curso a la resolución por ajustarse a derecho.

Normas citadas

  • Ley 18834 art/133
  • ley 18834 art/61 lt/c
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría revisar la apreciación de los hechos y la prueba que hizo la Administración al destituir a un funcionario?

En este caso, la Contraloría sostuvo que ponderar los hechos y determinar la responsabilidad corresponde a la Administración activa. Solo cabe objetar la decisión si hay vulneración del debido proceso, de la normativa aplicable o arbitrariedad, lo que no se advirtió.

¿La destitución por infracción al principio de probidad administrativa puede dejar de aplicarse por atenuantes?

En este caso, la Contraloría señaló que, al estar prevista una sanción específica para estas infracciones, la autoridad debe aplicarla sin considerar atenuantes. Por eso se rechazaron los reclamos sobre la falta de ponderación de circunstancias atenuantes.

¿Afecta a un procedimiento administrativo disciplinario que la conducta pueda también constituir un delito o negligencia médica?

En este caso, la Contraloría concluyó que la destitución se fundaba en la infracción grave a la probidad administrativa, con independencia de otras responsabilidades. Así, el alegato sobre una eventual denuncia al Ministerio Público no alteró la validez de la sanción.

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