Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el recurso interpuesto contra la resolución N° 120, de 2012, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que destituyó a un funcionario. El recurrente sostuvo que no se habían acreditado las faltas y que la apreciación de la prueba fue arbitraria, además de alegar que una eventual negligencia médica debía haberse denunciado al Ministerio Público y que no se ponderaron circunstancias atenuantes. El organismo concluyó que la destitución se fundaba en la infracción grave al principio de probidad administrativa, con independencia de otras responsabilidades. Precisó que la ponderación de los hechos y la determinación de la responsabilidad corresponden a la Administración activa, y que solo cabe objetar la decisión ante vulneración del debido proceso, de la normativa aplicable o arbitrariedad, lo que no se advirtió. Finalmente, señaló que, al estar prevista una sanción específica para estas infracciones, la autoridad debe aplicarla sin considerar atenuantes. Se rechazaron los reclamos y se dio curso a la resolución por ajustarse a derecho.