Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 80, de 2016, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a una funcionaria. El órgano contralor consideró que la sanción no se ajustaba a los hechos investigados, ya que la valoración de una grave infracción al principio de probidad administrativa se realizó en una etapa procesal posterior a la oportunidad que tenía la funcionaria para efectuar sus descargos, vulnerando su derecho a defensa. Además, se determinó que la falta de firma en el libro de asistencia no acreditaba atrasos reiterados o ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos, conductas que sí habrían justificado la destitución según la ley N° 18.834. En consecuencia, se ordenó reabrir el procedimiento disciplinario, retrotrayéndolo a la etapa de verificación de los hechos y calificación de la conducta, para precisar las infracciones y formular cargos de manera clara y concreta.