La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó la sentencia del Tribunal Tributario y…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2015
Resumen
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó la sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero que rechazó la solicitud de nulidad de derecho público presentada por una contribuyente contra liquidaciones del impuesto de primera categoría. La recurrente alegó que las liquidaciones contravenían el artículo 26 del Código Tributario, que impide el cobro retroactivo cuando el contribuyente se ha ajustado de buena fe a una interpretación del Servicio de Impuestos Internos. La Corte desestimó el recurso, señalando que la acción de nulidad de derecho público es incompetencia de los tribunales tributarios y aduaneros, correspondiendo su conocimiento a los tribunales ordinarios de justicia, conforme al artículo 38 de la Constitución y al artículo 3° del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se confirmó la sentencia apelada, sin costas por haber tenido motivo plausible para recurrir.
Normas citadas
Art. 26 Código Tributario
Art. 115 Código Tributario
SIIjurisprudencia judicial tributaria
Preguntas frecuentes
¿Puede un tribunal tributario y aduanero conocer una acción de nulidad de derecho público contra liquidaciones del impuesto de primera categoría?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt sostuvo que no, porque la acción de nulidad de derecho público es de competencia de los tribunales ordinarios de justicia y no de los tribunales tributarios y aduaneros. Por eso confirmó la sentencia que rechazó la solicitud.
¿Se puede exigir el cobro retroactivo de impuestos si el contribuyente actuó de buena fe según una interpretación del Servicio de Impuestos Internos?
La recurrente alegó que el artículo 26 del Código Tributario impide ese cobro retroactivo, pero la Corte no resolvió ese punto de fondo. Su decisión se limitó a declarar la incompetencia del tribunal tributario y aduanero para conocer la acción.
¿Qué ocurre con las costas cuando el contribuyente pierde una acción de nulidad de derecho público por incompetencia del tribunal?
En este caso, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia apelada sin condenar en costas a la recurrente, por haber tenido motivo plausible para recurrir. La decisión se fundó en lo establecido en el artículo 38 de la Constitución y en el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil.
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