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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por una e…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por una empresa farmacéutica en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó al Instituto de Salud Pública entregar estudios preclínicos y clínicos presentados para el registro sanitario de medicamentos bioequivalentes. La empresa argumentó que la divulgación vulneraba sus derechos comerciales y de propiedad, al exponer información confidencial obtenida tras una inversión millonaria y años de investigación. La Corte confirmó que la información constituye fundamento de actos administrativos y es de naturaleza pública, debiendo entregarse conforme a la Ley de Transparencia, con tarjado de fórmulas y datos personales. Agregó que los derechos comerciales no prevalecen sobre el acceso a la información pública que sustenta decisiones administrativas en materia de registro sanitario, y que la divulgación no causará un riesgo relevante al desenvolvimiento competitivo de la recurrente ni desincentivará futuras investigaciones.

Normas citadas

  • Artículo 28 de la Ley 20.285 (Ley de Transparencia)
  • Artículo 29 de la Ley 20.285
  • Artículo 30 de la Ley 20.285
  • Artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia
  • Artículo 86 de la Ley N° 19.039
  • Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿La divulgación de información de investigación farmacéutica afecta la competencia de la empresa o desincentiva futuras investigaciones?

En este caso, la Corte concluyó que la divulgación no causará un riesgo relevante al desenvolvimiento competitivo de la empresa recurrente ni desincentivará futuras investigaciones. Por ello rechazó el reclamo de ilegalidad.

¿Puede una empresa farmacéutica impedir la entrega de información del Instituto de Salud Pública alegando que es confidencial?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de una empresa que alegaba confidencialidad, confirmando la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó al Instituto de Salud Pública entregar la información. Sostuvo que la información sustenta decisiones administrativas de carácter público.

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