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La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de un funcionario de la Age…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de un funcionario de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) respecto de su calificación en un período determinado, concluyendo que esta debe entenderse afinada en los términos resueltos por la autoridad, al no constatar vicios de legalidad ni decisiones arbitrarias. El organismo precisó que, conforme al artículo 41 de la ley N° 18.834, la precalificación del funcionario debe ser considerada por la Junta Calificadora, pero no la obliga, pues constituye solo uno de los elementos a ponderar, sin limitar la independencia del cuerpo colegiado; además, la jefatura directa del recurrente fue consultada y su opinión considerada por la Junta junto con los demás antecedentes. Sobre la falta de citación a descargos, indicó que ni la ley N° 18.834, ni el Reglamento General de Calificaciones, ni el reglamento especial de la AGCI exigen ese trámite, y que el interesado tomó conocimiento de las actuaciones e interpuso los recursos legales dentro de plazo. Respecto de la investigación administrativa solicitada sobre actuaciones en Haití, señaló que corresponde al Jefe Superior del Servicio ordenar primariamente los procesos disciplinarios conforme a los artículos 126 y siguientes de la ley N° 18.834.

Normas citadas

  • dto 1229/92 art/28 inter
  • dto 1825/98 inter art/3 tran dto 275/2003 mideplan art/1
  • ley 18834 art/41 ley 18834 art/126
  • dfl 29/2004 hacie
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La precalificación del funcionario obliga a la Junta Calificadora a mantener esa evaluación?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la precalificación debe ser considerada por la Junta Calificadora, pero no la obliga, pues es solo uno de los elementos a ponderar y no limita la independencia del cuerpo colegiado.

¿Es obligatorio citar a descargos al funcionario en el proceso de calificación?

En este caso, la Contraloría indicó que ni la ley N° 18.834, ni el Reglamento General de Calificaciones, ni el reglamento especial de la AGCI exigen ese trámite, y que el interesado conoció las actuaciones e interpuso los recursos legales dentro de plazo.

¿A quién corresponde ordenar una investigación administrativa en un servicio público?

En este caso, la Contraloría señaló que corresponde al Jefe Superior del Servicio ordenar primariamente los procesos disciplinarios conforme a los artículos 126 y siguientes de la ley N° 18.834.

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