Resumen
La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de un funcionario de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) respecto de su calificación en un período determinado, concluyendo que esta debe entenderse afinada en los términos resueltos por la autoridad, al no constatar vicios de legalidad ni decisiones arbitrarias. El organismo precisó que, conforme al artículo 41 de la ley N° 18.834, la precalificación del funcionario debe ser considerada por la Junta Calificadora, pero no la obliga, pues constituye solo uno de los elementos a ponderar, sin limitar la independencia del cuerpo colegiado; además, la jefatura directa del recurrente fue consultada y su opinión considerada por la Junta junto con los demás antecedentes. Sobre la falta de citación a descargos, indicó que ni la ley N° 18.834, ni el Reglamento General de Calificaciones, ni el reglamento especial de la AGCI exigen ese trámite, y que el interesado tomó conocimiento de las actuaciones e interpuso los recursos legales dentro de plazo. Respecto de la investigación administrativa solicitada sobre actuaciones en Haití, señaló que corresponde al Jefe Superior del Servicio ordenar primariamente los procesos disciplinarios conforme a los artículos 126 y siguientes de la ley N° 18.834.