Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la Municipalidad de Aysén podía poner término anticipado a contratos de prestación de servicios suscritos con una sociedad comercial, invocando la prohibición del inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886, dado que el representante de dicha sociedad asumió posteriormente como concejal de esa municipalidad. El órgano contralor concluyó que la prohibición se refiere a la suscripción de contratos con personas o sociedades que reúnen esas calidades al momento de contratar, y no a su aparición sobreviniente como causal de término de contratos vigentes. Fundó lo anterior en que las normas que establecen prohibiciones o inhabilidades tienen carácter excepcional y alcance restrictivo, y en que la ley regula expresamente las inhabilidades sobrevinientes en otros preceptos, como los de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En consecuencia, determinó que no se configuró la prohibición y que la municipalidad no debió poner término anticipado a los acuerdos por esa causa, debiendo abstenerse de repetir situaciones similares. Asimismo, precisó que, mientras subsistan las calidades que indica la norma, la municipalidad no podrá celebrar nuevos contratos de ese tipo con la sociedad.