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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de una exfunciona…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de una exfuncionaria del Hospital Clínico San Borja Arriarán, quien solicitó poder disfrutar su feriado legal de 2015 mientras se encontraba haciendo uso de un permiso sin goce de remuneraciones. El organismo recordó que, conforme a su jurisprudencia, los funcionarios que gozan de dicho permiso mantienen su calidad de servidores públicos y, por tanto, pueden percibir beneficios no remuneratorios como el feriado, siempre que el vínculo estatutario se mantenga vigente. Sin embargo, en el caso concreto, la recurrente presentó su renuncia voluntaria al cargo, la cual coincidió con el término de su contrata, por lo que el vínculo laboral finalizó. En consecuencia, la Contraloría determinó que la exfuncionaria no puede gozar del feriado solicitado, ya que la extinción de la relación estatutaria implica la pérdida del descanso anual, beneficio que solo corresponde a quienes mantienen la calidad de funcionario público.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario público con permiso sin goce de remuneraciones tiene derecho a su feriado legal?

En este dictamen, la Contraloría recordó que quien goza de permiso sin goce de remuneraciones mantiene su calidad de servidor público y puede percibir beneficios no remuneratorios como el feriado, siempre que el vínculo estatutario siga vigente.

¿Se pierde el feriado legal si el funcionario renuncia mientras está con permiso sin goce de sueldo?

Sí. En este caso, la Contraloría determinó que la renuncia voluntaria, que coincidió con el término de la contrata, extinguió la relación estatutaria, por lo que la exfuncionaria no puede gozar del feriado solicitado.

¿El feriado legal es un beneficio que corresponde solo a quienes mantienen la calidad de funcionario público?

Según este dictamen de la Contraloría General de la República, el descanso anual solo corresponde a quienes mantienen la calidad de funcionario público, por lo que su extinción por renuncia implica la pérdida de ese beneficio.

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