La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección presentado p…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección presentado por un recurrente contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en resolver su solicitud migratoria. El fallo fue acordado con el voto en contra de un ministro, quien estimó que debía rechazarse la acción. El disidente sostuvo que no existían indicios de discriminación, abuso o desviación de poder por parte del organismo recurrido, ni se vulneró el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Agregó que el recurso de protección no puede acelerar, corregir ni sustituir procedimientos administrativos en curso, y que, al mantener el recurrente una situación migratoria regular durante la tramitación, no se configuró una privación, perturbación o amenaza actual a sus derechos constitucionales.
Normas citadas
Art. 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
¿El recurso de protección procede por la demora de la Administración en resolver una solicitud migratoria?
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió el recurso de protección por la demora del Servicio Nacional de Migraciones en resolver la solicitud, con el voto en contra de un ministro que estimó que debía rechazarse la acción.
¿Cuándo la demora en un procedimiento migratorio vulnera el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?
El voto disidente sostuvo que no se vulneró el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención, al no existir indicios de discriminación, abuso o desviación de poder por parte del organismo. La resolución en este caso no fija un criterio general sobre esa materia.
¿El recurso de protección puede acelerar o sustituir un procedimiento administrativo migratorio en curso?
El voto en contra sostuvo que el recurso de protección no puede acelerar, corregir ni sustituir procedimientos administrativos en curso. Asimismo, al mantener el recurrente una situación migratoria regular durante la tramitación, estimó que no existía privación, perturbación o amenaza actual a sus derechos constitucionales.
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