Resumen del criterio jurisprudencial
El caso corresponde a un recurso de protección presentado por Varela contra el Servicio Nacional de Migraciones, cuestionando la demora en resolver su solicitud migratoria. La Corte Suprema, en fallo de 16 de septiembre de 2026, confirmó la sentencia apelada, que acogió la acción constitucional. El Ministro Gonzalo Ruz disintió y estuvo por rechazarla. Según el disidente, no existían indicios de discriminación, abuso o desviación de poder en la recurrida. Tampoco estimó vulnerado el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Añadió que la acción constitucional no puede acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso. Finalmente, como la recurrente mantenía situación migratoria regular durante la tramitación, no se configuró una privación, perturbación o amenaza a sus derechos constitucionales.