Resumen
La Contraloría General de la República desestimó las alegaciones de los funcionarios afectados y cursó la resolución N° 4, de 2015, del Instituto de Previsión Social, que aplicó una censura a dichos funcionarios. El organismo concluyó que la autoridad del servicio actuó dentro de sus facultades al rechazar la propuesta de sobreseimiento del fiscal y ordenar la realización de nuevas diligencias, conforme a los artículos 137 y 140 de la ley N° 18.834. Asimismo, desestimó los vicios formales alegados, como la ausencia del actuario en una declaración y la falta de firma en una notificación, por no tener influencia decisiva en el resultado del sumario, según el artículo 144 del mismo cuerpo legal y el dictamen N° 10.630, de 2015. Por lo tanto, la resolución sancionatoria se ajustó a derecho.