Resumen
La Contraloría General de la República informó el recurso de protección interpuesto contra un oficio que comunicó el registro de un decreto municipal que aplicó la medida disciplinaria de destitución a una funcionaria de una municipalidad. El órgano contralor sostuvo que no fue su actuación la que privó a la recurrente de su cargo y remuneraciones, pues carece de potestad disciplinaria sobre los servidores de las entidades sujetas a su control, facultad que corresponde al alcalde conforme al artículo 63, letra d), de la Ley N° 18.695, y que éste ejerció al dictar el decreto que aplicó la destitución y el que la mantuvo. Respecto de la alegada afectación a la integridad física y psíquica del artículo 19 N° 1° de la Constitución, la Contraloría concluyó que no se vulneró esa garantía, porque en la emisión del pronunciamiento impugnado sólo ejerció las facultades que le confieren la Constitución y la ley, por lo que solicitó desestimar el recurso.