La Contraloría General de la República rechazó la reclamación interpuesta por un Direct…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la reclamación interpuesta por un Director de Obras Municipales de la Municipalidad de La Reina en contra del sumario administrativo que concluyó con su destitución. El procedimiento se originó en la emisión de una resolución que invalidó un permiso de edificación otorgado conforme a derecho. El organismo concluyó que no concurrían los supuestos legales para revocar o invalidar dicho permiso, por lo que la resolución constituyó un ejercicio irregular de facultades que infringió obligaciones funcionarias de la Ley N° 18.883 y de la Ley N° 18.575, configurando una vulneración al principio de probidad administrativa. Por último, indicó que la valoración de la sanción corresponde a la autoridad comunal y no puede ser calificada por la Contraloría.
Normas citadas
Ley 18883 art/156
ley 18883 art/120 lt/d
ley 18883 art/123
ley 18695 art/53
ley 10336 art/6
ley 18695 art/63 lt/c
ley 18695 art/63 lt/d
ley 18883 art/138
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un Director de Obras Municipales ser destituido por invalidar un permiso de edificación que estaba conforme a derecho?
En este caso, la Contraloría General de la República rechazó la reclamación del Director de Obras Municipales de La Reina, sosteniendo que no concurrían los supuestos legales para invalidar el permiso, por lo que la resolución que lo anuló fue un ejercicio irregular de facultades que infringió obligaciones funcionarias y la probidad administrativa.
¿Quién decide si la sanción de destitución en un sumario municipal es proporcionada?
En este caso, la Contraloría indicó que la valoración de la sanción corresponde a la autoridad comunal y no puede ser calificada por el organismo contralor.
¿Qué ocurre si un funcionario municipal emite una resolución que invalida un permiso de edificación sin cumplir los requisitos legales?
En este caso, el organismo concluyó que esa resolución constituyó una vulneración a la probidad administrativa y a obligaciones funcionarias de la Ley N° 18.883 y de la Ley N° 18.575, lo que sustentó el sumario que terminó en destitución.
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