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La Contraloría General de la República informó a un tribunal de alzada en el marco de u…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República informó a un tribunal de alzada en el marco de un recurso de protección presentado por una funcionaria municipal destituida, quien alegaba que el trámite de registro de su destitución ante el organismo de control vulneró garantías constitucionales. La Contraloría sostuvo que no fue su actuación la que la privó del cargo y de las remuneraciones, ya que carece de potestad disciplinaria sobre los servidores de las entidades sujetas a su control; la facultad de cesar funciones radica exclusivamente en el alcalde, quien dictó el decreto que aplicó la medida disciplinaria de destitución, con efectos desde su notificación, sin perjuicio del posterior trámite de registro. Concluyó que el registro del decreto se ajustó a mandatos legales y constitucionales y no configuró una actuación arbitraria ni ilegal, por lo que solicitó al tribunal desestimar el recurso de protección.

Normas citadas

  • ley 18883 art/138 inc/fin
  • ley 10336 art/1
  • pol art/98 ley 18695 art/53
  • ley 19880 art/51 inc/2
  • ley 10336 art/6 ley 10336 art/9
  • ley 18883 art/156
  • ley 18695 art/51 ley 18695 art/52
  • ley 10336 art/6 inc/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La Contraloría puede destituir a un funcionario municipal?

En este caso, la Contraloría sostuvo que carece de potestad disciplinaria sobre los servidores de las entidades sujetas a su control, por lo que no fue su actuación la que privó del cargo a la funcionaria.

¿Desde cuándo produce efectos la destitución de un funcionario municipal?

En este caso, la Contraloría indicó que la facultad de cesar funciones radica exclusivamente en el alcalde, quien dictó el decreto de destitución con efectos desde su notificación, sin perjuicio del posterior trámite de registro.

¿Es arbitrario o ilegal el registro de una destitución ante la Contraloría?

En este caso, la Contraloría concluyó que el registro del decreto se ajustó a mandatos legales y constitucionales y no configuró una actuación arbitraria ni ilegal, por lo que pidió desestimar el recurso de protección.

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