Resumen
La Contraloría General de la República examinó la legalidad de la resolución N° 732, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que puso término anticipado a la contrata de una funcionaria. La recurrente alegaba que no debía ser desvinculada porque había ganado un concurso para un cargo de jefe de departamento. El organismo constató que la autoridad había retirado sin tramitar el acto que nombraba a la recurrente, por lo que ese vínculo nunca se materializó. Además, concluyó que, aun si se hubiera concretado, no afectaría la facultad de la jefatura superior para poner término anticipado a una contrata. Citando su jurisprudencia, señaló que la cláusula de contratación 'mientras sean necesarios sus servicios' es fundamento suficiente para el cese. En consecuencia, cursó la resolución y desestimó el reclamo.