El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, rec…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, rechazando la impugnación contra una norma que excluye la posibilidad de acceder a penas sustitutivas en delitos de violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, y tráfico ilícito de drogas. La mayoría sostuvo que el legislador goza de un margen de decisión autónoma en materia de política criminal y reserva legal de penas, por lo que establecer presidio efectivo para estos ilícitos no resulta desproporcionado ni discriminatorio. Se consideró que el reproche adicional que contienen tales delitos justifica la restricción, sin vulnerar la igualdad ante la ley. El fallo precisó que la determinación concreta de la pena corresponde al tribunal penal competente, no a esta Magistratura.
Normas citadas
artículo 345, inciso segundo, de Código del Trabajo
artículo 403, numeral d), párrafo primer párrafo, de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasIgualdad ante la Leyley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaDeterminación de la pena
Preguntas frecuentes
¿Procede aplicar penas sustitutivas en delitos de violencia de género, tráfico de drogas o uso de armas prohibidas en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación contra la norma que excluye estas penas sustitutivas, por estimar que el legislador tiene margen para fijar la política criminal. Las restricciones no se consideraron desproporcionadas ni discriminatorias.
¿La exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos vulnera el principio de igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal sostuvo que el reproche adicional que contienen estos delitos justifica la restricción, por lo que no se vulnera la igualdad ante la ley. Por ello, la norma fue mantenida.
¿Qué órgano decide la pena concreta que se aplica en un caso de delitos con exclusión de penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la determinación concreta de la pena corresponde al tribunal penal competente, y no a esa Magistratura. Su rol se limitó al control constitucional de la norma.
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