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El Consejo para la Transparencia resolvió acoger un amparo interpuesto contra la Secret…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió acoger un amparo interpuesto contra la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, que había negado el acceso a un expediente administrativo. La decisión ordena entregar a la reclamante copia del expediente, previa eliminación de los datos personales de contexto presentes en él, tales como domicilio, teléfono, correo electrónico y número de identificación. Para ello se fija un plazo de cinco días hábiles desde que la resolución quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y se exige acreditar la entrega ante el Consejo. Se fundamenta en que se trata de información de carácter público y en que el tercero interesado sólo manifestó su oposición sin acreditar el perjuicio que la divulgación le causaría. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.628
  • Resolución Exenta N° 466
  • Oficio Ord. N° 1670
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Procede entregar copia de un expediente administrativo de un organismo público si un tercero se opone?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar copia del expediente, porque es información pública y el tercero solo expresó su oposición sin acreditar el perjuicio que la divulgación le causaría.

¿Qué datos personales se deben eliminar al entregar un expediente administrativo según la Ley de Transparencia?

En este caso, la resolución dispuso que, antes de entregar el expediente, se eliminen los datos personales de contexto como domicilio, teléfono, correo electrónico y número de identificación.

¿Cuál es el plazo para cumplir una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información y contra qué se puede reclamar?

En este caso, se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la resolución quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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