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La Corte Suprema conoció una acción de protección interpuesta contra el Servicio Nacion…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció una acción de protección interpuesta contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en pronunciarse sobre una solicitud de visa temporal. La parte recurrente alegó que la falta de respuesta constituía un acto arbitrario que vulneraba sus derechos constitucionales. El tribunal analizó la Ley N°21.325 y su Reglamento, que establecen que la cédula de identidad del extranjero mantiene su vigencia mientras se tramita el permiso de residencia, por lo que la demora no genera una amenaza real a los derechos. Además, precisó que el plazo de seis meses no es fatal y que la administración debe pronunciarse en un plazo razonable. En consecuencia, revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección, ordenando al Servicio emitir pronunciamiento en un plazo razonable, conforme a los principios de su reglamentación.

Normas citadas

  • Ley N°21.325
  • Decreto Supremo N°296 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública
  • Artículo 43 de la Ley N°21.325
  • Artículo 37 de la Ley N°21.325
  • Artículo 46 del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Decreto Ley N°1094
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Procede una acción de protección si el Servicio de Migraciones demora en resolver una solicitud de visa temporal?

En este caso, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección. Sostuvo que la vigencia de la cédula de identidad del extranjero se mantiene mientras se tramita el permiso, por lo que la demora no amenazaba derechos, y que el plazo de seis meses no es fatal. Ordenó al Servicio pronunciarse en un plazo razonable.

¿El plazo de seis meses para resolver una solicitud migratoria en Chile es un plazo fatal?

En este caso, la Corte Suprema precisó que el plazo de seis meses no es fatal. La administración debe pronunciarse dentro de un plazo razonable, conforme a los principios del reglamento de la Ley N°21.325.

¿La demora administrativa en un trámite de residencia constituye acto arbitrario que vulnere la Constitución?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que la demora no constituía una amenaza real a los derechos del solicitante, porque la cédula de identidad conserva su vigencia durante la tramitación. Por ello, rechazó la alegación de vulneración constitucional al amparo del artículo 20 de la Constitución.

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