La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacion…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones por no haberse pronunciado sobre una solicitud de visa temporal de una persona extranjera que se encontraba en situación migratoria regular. La recurrente alegó que la demora de más de seis meses vulneraba el artículo 27 de la Ley N°19.880. El tribunal sostuvo que la tramitación corresponde a un procedimiento reglado y uniforme, y que la Ley N°21.325 y su Reglamento mantienen la vigencia de la cédula de identidad mientras la solicitud esté pendiente, por lo que no se acreditó vulneración de derechos ni siquiera en grado de amenaza. Se revocó la sentencia apelada y se rechazó el recurso, aunque se hizo presente al Servicio que debe pronunciarse dentro de un plazo razonable conforme a los artículos 37 de la Ley N°21.325 y 46 de su Reglamento.
Normas citadas
Art. 20 Constitución Política de la República
Art. 43 Ley N°21.325
Art. 37 Ley N°21.325
Art. 46 Decreto Supremo N°296 de 2022
Decreto Ley N°1094
Ley N°21.325
Decreto Supremo N°296 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública
Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección
¿Pierde su vigencia la cédula de identidad de una persona extranjera mientras su solicitud de visa temporal está pendiente de resolución?
Según el tribunal, la Ley N°21.325 y su Reglamento mantienen la vigencia de la cédula de identidad mientras la solicitud esté pendiente. Por ello, en este caso no se acreditó vulneración de derechos, ni siquiera en grado de amenaza.
¿Se vulnera el derecho a la protección del artículo 20 de la Constitución por la demora administrativa de un organismo migratorio en resolver una solicitud?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que no se acreditó vulneración de derechos por la demora alegada, pese a que la recurrente invocó el artículo 27 de la Ley N°19.880. El tribunal rechazó el recurso y dejó constancia de que el plazo de resolución debe ser razonable.
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