El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2012
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La mayoría sostuvo que la norma no vulnera el principio de legalidad ni el de proporcionalidad, pues establece un marco normativo claro con conductas sancionables y rangos de multas vinculados al presupuesto de la obra o a una tasación pericial, otorgando al juez parámetros objetivos. Se indicó que el artículo 116 de la misma ley define las infracciones y que el sistema sancionatorio es progresivo y proporcional, con multas que aseguran un efecto disuasorio legítimo. La discrecionalidad judicial está limitada por la ley y debe ejercerse según la sana crítica, garantizando un ejercicio razonable de la potestad sancionadora.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadActividades De Los Partidos PolíticosDerecho A La Protección De La Vida PrivadaDerecho A La Seguridad IndividualDerecho A La VidaDerecho A La Integridad Fisica Y Psiquica
Preguntas frecuentes
¿El artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones vulnera el principio de legalidad al establecer multas para infracciones urbanísticas?
No, según el Tribunal Constitucional en este caso. La norma establece un marco normativo claro, con conductas sancionables definidas en el artículo 116 y rangos de multa vinculados al presupuesto de la obra o a una tasación pericial, lo que entrega al juez parámetros objetivos.
¿Las multas urbanísticas del artículo 20 de la LGUC respetan el principio de proporcionalidad?
Sí, para el Tribunal Constitucional en este caso. Sostuvo que el sistema sancionatorio es progresivo y proporcional, y que las multas aseguran un efecto disuasorio legítimo.
¿Cómo se limita la discrecionalidad del juez al aplicar multas por infracciones a la normativa de construcción?
En este caso, el Tribunal Constitucional indicó que la discrecionalidad judicial está limitada por la ley y debe ejercerse según la sana crítica, garantizando un ejercicio razonable de la potestad sancionadora.
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