Resumen del criterio jurisprudencial
El requerimiento carece de fundamento plausible ya que lo planteado es una cuestión de interpretación y de armonización de distintas normas de rango legal, que es propia de la órbita de los jueces del fondo, y no una cuestión de constitucionalidad de aquellas que deba resolver el Tribunal Constitucional. El conflicto se formula sobre la base de la relación existente entre la querella criminal del Servicio de Impuestos Internos y las facultades investigativas del Ministerio Público para requerir la entrega de información e incautar documentos, todo ello en relación a la preceptiva impugnada y a la normativa pertinente del Código Tributario, para determinar su sentido y alcance a efectos de establecer la legalidad o ilegalidad de actuaciones específicas de la investigación. Esto se manifiesta en la parte petitoria del requerimiento, en cuanto, además de la inaplicabilidad de los preceptos legales aludidos, se solicita la aplicación directa de las facultades otorgadas por el artículo 162 del Código Tributario al Director del Servicio de Impuestos Internos. No es competencia del Tribunal Constitucional resolver acerca de la eventual aplicación incorrecta o abusiva de un determinado precepto que pudiere efectuar un tribunal, la que corresponderá corregir a través de los diversos recursos y medios de impugnación y control que contemplan las leyes de procedimiento. La exclusión de prueba por pertinencia o por conflictos de derechos fundamentales en torno a ella es una materia propia de la órbita de los Tribunales de Garantía, en el marco del control de la actividad persecutoria en la audiencia de preparación de juicio oral. La posible inconcurrencia de la autorización para proceder criminalmente es también un tema de legalidad, expresamente contemplado por el artículo 264, letra d), del Código Procesal Penal.