El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas a la privación de libertad. El Tribunal consideró que dicha norma vulnera los principios de igualdad ante la ley y proporcionalidad de las penas (artículo 19 N°s 2° y 3° de la Constitución), al excluir de forma absoluta ciertos delitos del acceso a estas sanciones sin un análisis basado en la gravedad de la pena. Se argumentó que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio y que las penas sustitutivas buscan la reinserción social, sin implicar impunidad. La sentencia fue redactada por el Ministro C.L.A., con disidencia del Ministro G.G.P..
Tribunal ConstitucionalINADerecho a ser juzgado en un plazo razonableAbandono del procedimientoNulidad del despidoDerecho de PropiedadSeguridad jurídicaDebido Proceso
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya de forma absoluta a ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas a la privación de libertad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, por considerar que la exclusión absoluta de ciertos delitos vulnera la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las penas, sin un análisis basado en la gravedad de la pena.
¿La privación de libertad debe ser la regla general para sancionar delitos o una medida de última ratio?
Según este fallo, la privación de libertad debe ser una medida de última ratio, y las penas sustitutivas cumplen una función de reinserción social sin implicar impunidad, por lo que su negación automática resulta cuestionable.
¿Qué implica una declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma penal?
En este caso, el Tribunal declaró que la norma no puede aplicarse en la gestión judicial concreta por ser contraria a la Constitución, sin que ello implique expulsarla del ordenamiento jurídico con efectos generales.
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