Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto del Ministerio del Interior, que aprueba un contrato por trato directo con Telefónica Empresas Chile S.A. para un servicio de telefonía y datos destinado a centros de asistencia a víctimas de delitos violentos en O.A.H.. El organismo cuestionó la cláusula de renovación tácita y automática del contrato, por contrariar los principios de transparencia y libre concurrencia del artículo 9° de la ley N° 18.575, ordenando al Ministerio abstenerse de aplicarla y convocar licitación para contrataciones similares. Además, precisó que la vigencia del contrato es de treinta y seis meses desde la total tramitación del acto aprobatorio, pero que debe terminar el 1 de julio de 2013 para no prolongar el acuerdo ni dejar insuficiente la garantía de fiel cumplimiento. Asimismo, declaró por no escrita la cláusula de renovación del período de vigencia, por no expresar motivos fundados conforme al decreto N° 250, de 2004, reglamento de la ley N° 19.886.