La Contraloría General de la República representó el decreto N° 550, de 2010, del Minis…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
Resumen
La Contraloría General de la República representó el decreto N° 550, de 2010, del Ministerio del Interior, que aprobaba un contrato de trato directo con la empresa Telefónica Empresas Chile S.A. para el servicio de telefonía y datos del centro de asistencia a víctimas de delitos violentos de Puerto Montt. El órgano contralor determinó que no eran válidas las cláusulas de renovación automática del contrato por periodos anuales y la facultad de la empresa para ponerle término anticipado unilateralmente, por contravenir los principios de continuidad del servicio y eficacia de la Ley N° 18.575 y el principio de legalidad. Además, constató una dilación injustificada en la celebración, aprobación y envío del contrato al control preventivo, lo que vulneró los principios de eficiencia y celeridad, y ordenó a la autoridad adoptar medidas para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.
¿Es válida una cláusula de renovación automática de un contrato administrativo de servicios por periodos anuales?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no son válidas las cláusulas de renovación automática del contrato por periodos anuales, porque contravienen los principios de continuidad del servicio, eficacia y legalidad de la Ley N° 18.575.
¿Puede la empresa contratista poner término anticipado unilateral a un contrato con un órgano de la Administración del Estado?
En este caso, la Contraloría determinó que la facultad de la empresa para poner término anticipado y unilateral al contrato no es válida, por vulnerar los principios de continuidad del servicio y de legalidad.
¿Qué consecuencias tiene la dilación en la celebración y envío de un contrato administrativo al control preventivo de la Contraloría?
En este caso, el órgano contralor constató una dilación injustificada en la celebración, aprobación y envío del contrato al control preventivo, lo que vulneró los principios de eficiencia y celeridad, y ordenó determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
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