Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón, con alcances, de un decreto del Ministerio del Interior que aprobó un contrato suscrito con una empresa de telecomunicaciones bajo la modalidad de trato directo, invocando la causal de la ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. El organismo fiscalizador observó que el contrato original, celebrado antes de la vigencia de esa ley y de su reglamento, contenía una cláusula de renovación tácita y automática por períodos anuales, estipulación que, según su jurisprudencia administrativa, pugna con los principios de transparencia y libre concurrencia consagrados en el artículo 9° de la ley N° 18.575. Por ello, ordenó a esa Secretaría de Estado abstenerse en lo sucesivo de aplicar dicha cláusula y dar estricto cumplimiento a la normativa citada, convocando el correspondiente proceso licitatorio para las contrataciones de bienes y servicios como los de la especie. Asimismo, hizo presente que las boletas de garantía acompañadas tienen una vigencia distinta a la indicada en el contrato.