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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de reconsideraci…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de reconsideración de un oficio anterior que representó dos decretos de 2012 de la Universidad Tecnológica Metropolitana, referidos a procesos disciplinarios. Respecto de uno de ellos, el organismo fiscalizador estimó que la medida expulsiva aplicada a un funcionario resultaba excesiva, pues las conductas acreditadas, aunque objetables, no configuraban una infracción grave al principio de probidad ni una transgresión al artículo 84, letra i), de la ley N° 18.834, al no acreditarse fehacientemente que sus acciones generaran una paralización de actividades. En cuanto al otro proceso, concluyó que no existían pruebas en la carpeta investigativa que demostraran que el sumariado ocupó parte de su jornada laboral para efectuar declaraciones en un programa de televisión, y que las presunciones invocadas por la autoridad universitaria no cumplían los requisitos de la jurisprudencia administrativa para constituir plena prueba. Por ello, representó nuevamente ambos decretos y desestimó la solicitud, ratificando el oficio N° 79.350, de 2013.

Normas citadas

  • ley 18834 art/84 lt/i
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Basta la presunción de la autoridad para acreditar una falta administrativa en un sumario?

En este caso, la Contraloría sostuvo que las presunciones invocadas por la autoridad universitaria no cumplían los requisitos de la jurisprudencia administrativa para constituir plena prueba, por lo que representó el decreto.

¿Cuándo una conducta funcionaria configura una infracción grave al principio de probidad?

En este caso, la Contraloría estimó que las conductas acreditadas, aunque objetables, no configuraban una infracción grave al principio de probidad ni transgresión al artículo 84, letra i), de la ley N° 18.834.

¿Es excesiva la medida de expulsión si no se acredita paralización de actividades?

En este caso, la Contraloría consideró excesiva la medida expulsiva porque no se acreditó fehacientemente que las acciones del funcionario generaran una paralización de actividades.

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