Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el decreto N° 366, de 2013, de la Universidad de Valparaíso, que aplicaba sanciones disciplinarias a funcionarios de esa casa de estudios. El organismo representó el decreto y confirmó el oficio N° 4.789, de 2014, de la Contraloría Regional de Valparaíso, al concluir que la acción disciplinaria contra los empleados se encontraba prescrita. Según el artículo 158 del Estatuto Administrativo, el plazo es de cuatro años, salvo que los hechos sean constitutivos de delito. Las infracciones a las obligaciones estatutarias imputadas no están tipificadas en leyes penales, por lo que no se aplicó esa excepción. Además, la destitución del ex Rector por hechos que sí constituían delito no altera la naturaleza de las faltas administrativas de los demás funcionarios.