Resumen del criterio jurisprudencial
La resolución del Tribunal Constitucional declara inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad presentado por Jonathan Francisco Parraguez Estay, fundamentándose en que el conflicto planteado corresponde a materias que deben ser resueltas por el sentenciador competente, en este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago, y no por esta Magistratura. Como Ratio Decidendi, se establece que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible, ya que no se entrega información suficiente sobre los antecedentes de hecho de la gestión pendiente ni se explicita cómo la norma cuestionada produciría un resultado contrario a la Constitución en el caso concreto. Además, se argumenta que el conflicto presentado se centra en la interpretación y aplicación de normas legales, lo cual excede el ámbito de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y corresponde a la judicatura ordinaria. En apoyo a esta decisión, se cita la jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional, como el Rol N° 6029, que delimita el ámbito de la constitucionalidad frente a cuestiones de legalidad, señalando que asuntos como la interpretación de leyes y la calificación jurídica de hechos son competencia de los jueces ordinarios. Como Obiter Dicta, se menciona que el actor no explica adecuadamente la naturaleza jurídica de su relación con la institución demandada ni las circunstancias específicas de su separación de funciones, lo que impide analizar el conflicto constitucional concreto. Asimismo, se señala que el actor cuestiona el sentido y alcance otorgado por un tribunal laboral a un precepto legal, lo que no constituye un conflicto de constitucionalidad, sino una discrepancia con la interpretación judicial de la norma. Por último, se reitera que la acción de inaplicabilidad no puede ser utilizada para trasladar a sede constitucional problemas que deben ser resueltos en el marco del proceso laboral pendiente.