Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicabilidad de ciertos dictámenes a trabajadores de corporaciones municipales creadas al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980. El organismo señaló que dichas corporaciones son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, que administran servicios traspasados de educación, salud y atención al menor, y no forman parte de la Administración del Estado. En consecuencia, sus empleados no tienen la calidad de funcionarios públicos, incluso si se rigen por la ley N° 19.378. Por ello, la facultad de interpretar y fiscalizar las normas laborales que los rigen corresponde exclusivamente a la Dirección del Trabajo, y no a la Contraloría, cuya competencia se limita a la fiscalización de los recursos financieros de dichas corporaciones. Así, los dictámenes N°s. 22.766, 23.518 y 85.700, todos de 2016, no son aplicables a estos trabajadores.