Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre una petición relativa a la asignación especial que perciben los directores de centros asistenciales dependientes de corporaciones municipales de educación y salud, regidos por la ley 19.378. El órgano explicó que estas corporaciones son entidades de derecho privado sin fines de lucro, sujetas a su fiscalización solo en materia de control de recursos financieros, según los artículos 25 de la ley 10.336 y 136 de la ley 18.695. Por ello, calificar un beneficio pecuniario pagado al personal con cargo a esos recursos corresponde a la Dirección del Trabajo, organismo competente para fiscalizar los derechos de los trabajadores de dichas entidades. Además, los dictámenes invocados por el recurrente se referían a personal del Departamento de Salud Municipal, que sí es funcionario municipal y está afecto a su fiscalización, situación distinta a la planteada. En consecuencia, el organismo ratificó lo señalado en un oficio previo, por exceder la materia su ámbito de competencia.