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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de una extrabaj…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de una extrabajadora de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de la Municipalidad de Puente Alto, quien reclamaba diferencias en el cálculo de bonificaciones por retiro voluntario contempladas en la ley N° 20.589. El organismo señaló que las corporaciones municipales son personas jurídicas de derecho privado, no integrantes de la Administración del Estado, por lo que carece de competencia para pronunciarse sobre la materia. En consecuencia, resolvió remitir la presentación a la Dirección del Trabajo, por ser el organismo facultado para interpretar y fiscalizar las normas laborales que rigen a los trabajadores de dichas entidades.

Normas citadas

  • dfl 1/3063/80 INTER art/12
  • CCI lib/I tit/XXXIII
  • ley 19880 art/14 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La Contraloría General de la República puede pronunciarse sobre bonificaciones por retiro de trabajadores de una corporación municipal?

En este caso, la Contraloría sostuvo que las corporaciones municipales son personas jurídicas de derecho privado y no integran la Administración del Estado, por lo que carece de competencia para pronunciarse sobre la materia. Por ello remitió la presentación a la Dirección del Trabajo.

¿A qué organismo debo acudir si tengo dudas sobre el pago de bonificaciones por retiro en una corporación municipal?

En este caso, la Contraloría resolvió que la Dirección del Trabajo es el organismo facultado para interpretar y fiscalizar las normas laborales que rigen a los trabajadores de estas entidades. Por eso derivó allí la solicitud de una extrabajadora.

¿Las corporaciones municipales forman parte de la Administración del Estado para efectos de control de la Contraloría?

En este caso, el organismo señaló que las corporaciones municipales son personas jurídicas de derecho privado y no integrantes de la Administración del Estado. Esa calificación determinó que la Contraloría no tuviera competencia sobre el reclamo.

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