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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la facultad de los tribunales para sustituir penas privativas de libertad durante la ejecución. El requirente sostenía que la norma vulneraba la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de las penas y el debido proceso. En su análisis, el Tribunal consideró las características concretas de la gestión pendiente y concluyó que los delitos imputados quedan comprendidos dentro de la potestad del legislador para excluir el acceso a penas sustitutivas, dado el mayor reproche que contienen. Así, estimó que la disposición no resulta desproporcionada ni afecta la igualdad ante la ley, y que no es discriminatorio ni carente de razonabilidad que el legislador establezca presidio efectivo para delitos de violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, y tráfico o producción de drogas, entre otros. Por ello, rechazó el requerimiento, precisando que la eventual pena aplicable al requirente corresponde determinarla al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.

Normas citadas

  • artículo 19, inciso primero, numeral 2
  • artículo 19, inciso sexto, numeral 3
  • artículo 1, de Ley N° 18.216
  • artículo 2, de Ley N° 18.216
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la PenaDeterminación de la penaReinserción socialley de control de armaspenas sustitutivasIgualdad ante la Ley

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley excluya ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que no es discriminatorio ni carente de razonabilidad que el legislador establezca presidio efectivo para delitos como violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, y tráfico o producción de drogas.

¿Vulnera la igualdad ante la ley la restricción de penas sustitutivas para ciertos delitos?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la disposición no resulta desproporcionada ni afecta la igualdad ante la ley, pues los delitos imputados quedan comprendidos dentro de la potestad del legislador para excluir el acceso a penas sustitutivas.

¿A quién corresponde determinar la pena aplicable si se rechaza un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la eventual pena aplicable al requirente corresponde determinarla al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.

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