Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional declara inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por M.G.L.V. respecto del artículo 38 de la Ley N° 18.287, fundamentándose en que, conforme al artículo 93, inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo de la Constitución Política, y al artículo 84, N° 3 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, un requerimiento debe ser declarado inadmisible cuando no exista gestión judicial pendiente o esta haya concluido por sentencia ejecutoriada. La Ratio Decidendi se encuentra en la constatación de que la gestión judicial en que se funda el requerimiento había concluido, ya que el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo fue rechazado el 28 de julio de 2020, lo que implica que no existe una gestión judicial en la que pueda surtir efecto una eventual declaración de inaplicabilidad. Asimismo, se reafirma que el control concreto de inaplicabilidad requiere de una gestión pendiente para que los efectos de la norma cuestionada puedan ser evaluados en el caso sub lite, lo cual responde a la naturaleza de este tipo de control. Como Obiter Dicta, el Tribunal menciona que, según su jurisprudencia previa (STC Roles N° 981, 500 y 1276), la expresión 'gestión pendiente' supone que la gestión judicial no ha concluido, y que la acción de inaplicabilidad es un medio para evitar la aplicación de normas legales en dicha gestión, lo que refuerza la necesidad de que exista una causa activa para admitir a tramitación este tipo de requerimientos.