El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2012
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal, presentado en el marco de una causa seguida ante un Juzgado de Familia. La acción impugnaba la norma que permite al Ministerio Público apelar la exclusión de pruebas, pero no al imputado. El Tribunal consideró que dicha diferenciación es razonable y objetiva, pues responde a los roles distintos de las partes en el proceso penal: el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, mientras que el imputado goza de presunción de inocencia. Además, estimó que el imputado no queda indefenso, ya que puede recurrir de nulidad contra la sentencia definitiva, recurso suficiente para garantizar el debido proceso. La sentencia fue comunicada al Senado, a la Cámara de Diputados y a las partes.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que el Ministerio Público pueda apelar la exclusión de pruebas en el proceso penal y el imputado no?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que la diferencia es razonable y objetiva, porque el Ministerio Público tiene la carga de la prueba mientras el imputado goza de presunción de inocencia. Además, el imputado puede recurrir de nulidad contra la sentencia definitiva, lo que basta para garantizar el debido proceso.
¿El imputado queda en indefensión si no puede apelar la exclusión de pruebas en el proceso penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que el imputado no queda indefenso, porque puede interponer recurso de nulidad contra la sentencia definitiva. Ese recurso se consideró suficiente para resguardar su derecho a un debido proceso.
¿Qué tipo de requerimiento de inaplicabilidad se rechazó en relación con el inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en una causa seguida ante un Juzgado de Familia. La acción impugnaba la norma que permite apelar al Ministerio Público, pero no al imputado, la exclusión de pruebas.
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