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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringía la aplicación de penas sustitutivas a las privativas de libertad. El Tribunal consideró que dicha restricción vulnera los principios de proporcionalidad de las penas, igualdad ante la ley y humanidad, consagrados en los artículos 19 N° 2° y 19 N° 3° de la Constitución. Se argumentó que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino sanciones que buscan la reinserción social y la no reincidencia, y que excluir totalmente ciertos delitos resulta desproporcionado e irracional, especialmente cuando la pena concreta es menor que la de otros delitos más graves que sí acceden a dichas penas. La decisión se fundó en que la privación de libertad debe reservarse para las conductas más graves y que el legislador debe orientar las penas a la reinserción social.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 6, inciso tercero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 93, inciso primero, numeral 9
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadCotizaciones De SaludDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho a la identidad de géneroDerechos ImplicitosFinanciamiento De Obras De Desarrollo

Preguntas frecuentes

¿Las penas sustitutivas equivalen a impunidad para el condenado?

En este caso, el Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino sanciones orientadas a la reinserción social y a evitar la reincidencia. Por eso, la privación de libertad debe reservarse para las conductas más graves.

¿Puede el legislador restringir el acceso a penas sustitutivas sin afectar la reinserción social?

En este caso, el Tribunal resolvió que el legislador debe orientar las penas hacia la reinserción social, y que una restricción general y desproporcionada en el acceso a penas sustitutivas no se ajusta a ese objetivo ni a la Constitución. La decisión se fundó en que la privación de libertad debe quedar para las conductas más graves.

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