El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Gobierno Regiona…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Gobierno Regional de Coquimbo, que había negado el acceso a un contrato de compraventa celebrado con inmobiliarias. El Consejo consideró que se trata de información pública, pues consta en escritura pública y en el registro del notario respectivo, y desestimó la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia. Ordenó entregar el contrato, previa tarjación de los datos personales y sensibles de contexto, conforme al principio de divisibilidad y a la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada. Se fijó un plazo de cinco días hábiles para cumplir y acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin que la Administración pueda reclamar en este caso.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un gobierno regional negar el acceso a un contrato de compraventa que celebró con inmobiliarias si se trata de información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar el contrato, porque consta en escritura pública y en el registro del notario, por lo que se considera información pública. Desestimó la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia.
¿Qué debe hacer un organismo público con los datos personales que aparecen en un contrato antes de entregarlo por transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó tarjar los datos personales y sensibles de contexto antes de entregar el contrato, conforme al principio de divisibilidad y a la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.
¿Qué plazo tiene un organismo para cumplir una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia y puede reclamar esa decisión?
En este caso, se fijó un plazo de cinco días hábiles para cumplir y acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, pero la Administración no puede reclamar en este caso.
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