El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad deducido contra…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad deducido contra una norma que excluye a los jueces de policía local de ciertos beneficios o regulaciones aplicables a los funcionarios municipales. Se discutía si dicha exclusión vulneraba la igualdad ante la ley, al diferenciar sin fundamento a estos jueces del resto del personal municipal. El Tribunal sostuvo que, aunque orgánicamente forman parte de la municipalidad, prima su naturaleza de jueces dependientes de la Corte de Apelaciones respectiva, por lo que la diferenciación no es arbitraria ni carece de razonabilidad. En consecuencia, se rechazó el requerimiento, se alzó la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas por estimar que el requirente tuvo motivo plausible para litigar.
Tribunal ConstitucionalINAAutoresControl De Constitucionalidad De Proyectos De LeyDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerechos ImplicitosIncompatibilidad De Parlamentario
Preguntas frecuentes
¿Los jueces de policía local tienen el mismo tratamiento que los demás funcionarios municipales para efectos de beneficios y regulaciones?
No necesariamente. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que, aunque orgánicamente forman parte de la municipalidad, prima su naturaleza de jueces dependientes de la Corte de Apelaciones respectiva, por lo que la norma que los excluye de ciertos beneficios no es arbitraria.
¿Excluir a los jueces de policía local de ciertos beneficios municipales vulnera la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la diferenciación no vulnera la igualdad ante la ley, porque no carece de razonabilidad al considerar la naturaleza judicial de estos jueces. Por ello rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
¿Qué pasa con las costas cuando se rechaza un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, alzó la suspensión del procedimiento y no condenó en costas, por estimar que el requirente tuvo motivo plausible para litigar.
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