Sentencia del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena que, en un procedimiento po…
Sentencia · 2do JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA SERENA · 2019
Resumen
Sentencia del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena que, en un procedimiento por infracción a la Ley del Consumidor (Ley 19.496), sancionó a la sociedad comercial La Elegante Limitada por mantener informada en el boletín comercial una morosidad respecto de la cual no existía deuda vigente. El tribunal condenó a la empresa a una multa de 3 UTM a beneficio municipal y, en la demanda civil, la obligó a eliminar los registros de morosidad informados, a pagar $200.000 por concepto de daño moral, reajustados según el IPC, más intereses desde eventual mora, y a pagar las costas, por haber sido vencida totalmente. La decisión se fundó en la negligencia de la denunciada, que obligó al consumidor a recurrir a una instancia judicial para resolver el problema causado.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 1
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra e
Ley 19.496, Art. 24 Inc. 1
Ley 19.496, Art. 50 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Puede un proveedor mantener informada en el boletín comercial una morosidad que ya no existe según la Ley del Consumidor?
No. En este caso, el Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena sancionó a la empresa por mantener una morosidad informada en el boletín comercial cuando no existía deuda vigente, aplicando la Ley 19.496.
¿Qué consecuencias puede tener para una empresa informar erróneamente una deuda en el boletín comercial a un consumidor?
En este caso, el tribunal condenó a la empresa a una multa de 3 UTM a beneficio municipal, a eliminar los registros de morosidad, a pagar daño moral reajustado según el IPC con intereses, y las costas, por ser vencida totalmente.
¿Cuál es el fundamento para indemnizar el daño moral por un error en el boletín comercial según la Ley del Consumidor?
En este caso, la decisión se fundó en la negligencia de la denunciada, que obligó al consumidor a recurrir a una instancia judicial para resolver el problema que ella misma causó.
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