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El Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago dictó sentencia en un caso de protección…

Sentencia · 3ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SANTIAGO · 2013

Resumen

El Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago dictó sentencia en un caso de protección al consumidor en el que se denunció a una empresa de cobranza por seguir cobrando, incluso por vía judicial, una deuda que ya estaba extinguida desde hacía años, pese a que la empresa reconoció el error. El tribunal consideró que esta conducta infringió el artículo 23 de la Ley N° 19.496 y generó en el afectado desazón, desprotección e incertidumbre, además de las molestias de tener que reclamar ante el Sernac y los tribunales. En lo infraccional, condenó a la empresa al pago de una multa de 50 UTM y ordenó despachar orden de reclusión contra su representante legal si no se pagaba dentro de quinto día. En lo civil, acogió la demanda solo en cuanto condenó a la empresa a pagar $500.000 por daño moral, sin reajustes ni intereses, y desestimó el resto por falta de prueba. Además, condenó a la denunciada al pago de las costas del juicio.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 24
  • Ley 19.496, Art. 56
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si una empresa de cobranza sigue cobrando una deuda ya extinguida?

En este caso, el Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago consideró que seguir cobrando, incluso por vía judicial, una deuda extinguida infringe el artículo 23 de la Ley N° 19.496 y genera desazón, desprotección e incertidumbre en el afectado.

¿Se puede demandar daño moral por cobros indebidos de una deuda prescrita?

En este caso, el tribunal acogió la demanda civil solo en cuanto condenó a la empresa de cobranza a pagar una suma por daño moral, sin reajustes ni intereses, y desestimó el resto por falta de prueba.

¿Qué sanción arriesga una empresa de cobranza que insiste en cobrar una deuda extinguida?

En este caso, el tribunal condenó a la empresa al pago de una multa en UTM y ordenó despachar orden de reclusión contra su representante legal si no se pagaba dentro de quinto día, además de condenarla en costas.

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