Resumen
La Contraloría General de la República representó una resolución del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que ampliaba el plazo para iniciar actividades respecto de una concesión de acuicultura, en los términos del artículo 80 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura. El organismo concluyó que el acto no se ajustaba a derecho porque la certificación del Servicio Nacional de Pesca no permitía establecer si se trataba de la primera concesión sometida a ese régimen o de nuevas concesiones, hipótesis que exigen requisitos distintos de acreditación de la calidad de acuicultor habitual. El certificado solo daba cuenta de la operación de otra concesión, sin precisar el supuesto aplicable, lo que resultaba insuficiente para verificar el cumplimiento de las exigencias legales. Además, la Contraloría precisó que el titular puede acreditar, mientras esté pendiente el plazo original para publicar el extracto de la resolución en el Diario Oficial, que no cumplió esa obligación por caso fortuito o fuerza mayor, contando por una sola vez con un nuevo plazo para publicar. Por estas consideraciones, devolvió sin tramitar el instrumento.