Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 2.462, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que amplió el plazo para iniciar actividades bajo el artículo 80 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura respecto de una concesión de acuicultura, cuya titularidad fue transferida a la Compañía Pesquera Camanchaca S.A. El organismo concluyó que el acto no se ajusta a derecho porque la certificación del Servicio Nacional de Pesca no permite establecer si se cumplen los requisitos de acuicultor habitual: dos o más concesiones operadas tres años consecutivos, o bien, en nuevas concesiones, tres años de operación de una concesión propia distinta de la que ya habilitó derechos anteriores. El certificado solo acredita la operación de una concesión distinta, sin especificar la hipótesis aplicable. Además, precisó que el titular podrá acreditar caso fortuito o fuerza mayor para no haber publicado el extracto en el Diario Oficial, con un nuevo plazo por una sola vez. En consecuencia, se devolvió el instrumento sin tramitar.