El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad pres…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un requirente, rechazando la alegación de vulneración al derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. La mayoría sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe respetar la dignidad humana, siendo la privación de libertad una medida excepcional para delitos graves. Se consideró que la exclusión de ciertos delitos de las penas sustitutivas, como los relacionados con armas y tráfico de drogas, vulnera el principio de proporcionalidad al imponer penas desmedidas e inidóneas para la reinserción social. Sin embargo, en el caso concreto, la exigencia de consignación previa para recurrir no constituye la figura de 'solve et repete', pues la sanción se impone en una sentencia judicial, protegiendo el derecho a la seguridad social.
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La VidaDerecho De AguasIncompatibilidad De ParlamentarioPrincipio De TipicidadRecurso De Protección En Materia Ambiental
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a los delitos de armas y tráfico de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que esa exclusión vulnera el principio de proporcionalidad, porque impone penas desmedidas e inidóneas para la reinserción social. Por eso acogió parcialmente el requerimiento.
¿La privación de libertad puede aplicarse a cualquier delito según la Constitución?
El Tribunal sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe respetar la dignidad humana, por lo que la privación de libertad debe ser una medida excepcional reservada para delitos graves.
¿Exigir consignación previa para recurrir una sanción vulnera el principio solve et repete?
En este caso, el Tribunal concluyó que la consignación previa no constituye solve et repete, porque la sanción se impone mediante una sentencia judicial. Así, no se vulneró el derecho a la seguridad social ni el acceso a la justicia.
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