El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo de acceso a la información dirigido contra la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que solicitaba correos electrónicos institucionales de un funcionario público correspondientes al año 2014. El Consejo ordenó la entrega de dichas comunicaciones por haber sido generadas en el ejercicio de competencias públicas. Dos consejeros disidentes estimaron configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectación de derechos de terceros, fundándose en la protección constitucional de las comunicaciones privadas y en jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La decisión admite reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde la notificación, conforme al artículo 28 y siguientes de la ley, sin que proceda recurso de reposición.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 19.628
D.F.L. N° 1
Ley N° 18.575
Ley N° 18.834
Ley N° 18.918
Decreto supremo N° 634
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Son públicos los correos electrónicos institucionales de un funcionario público según la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó entregar los correos institucionales de un funcionario de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, por haber sido generados en el ejercicio de competencias públicas.
¿Puede negarse el acceso a correos de un funcionario público alegando la protección de comunicaciones privadas?
En este caso, dos consejeros disidentes sostuvieron que correspondía la causal de reserva del artículo 21 N° 2 por afectación de derechos de terceros, fundada en la protección constitucional de las comunicaciones privadas. La mayoría, sin embargo, acogió la entrega de los correos.
¿Cuál es el plazo para reclamar de una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, la decisión admite reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde la notificación, conforme al artículo 28 y siguientes de la ley, sin que proceda recurso de reposición.
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