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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la prescripción del cobro de…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la prescripción del cobro de asignaciones remuneratorias de una profesional de la educación que trabajó en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. El dictamen aplicó el artículo 71 de la Ley N° 19.070 y el artículo 510 del Código del Trabajo, que establecen un plazo de prescripción de dos años para estos derechos, contado desde que se hicieron exigibles. Se determinó que, al no constar reclamaciones formales previas que interrumpieran el plazo, el derecho al cobro de las asignaciones de perfeccionamiento y antigüedad se encontraba prescrito. Respecto al bono extraordinario de excedentes, se indicó que ya había sido resuelto en un dictamen anterior.

Normas citadas

  • CTr art/510 inc/1
  • ley 19070 art/71
  • CTr art/510 inc/5
  • CCi art/2523
  • CCi art/2524
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Prescriben los derechos de un profesional de la educación municipal a cobrar asignaciones remuneratorias como las de perfeccionamiento y antigüedad?

Según este dictamen de la Contraloría General de la República, sí: aplicando el artículo 71 de la Ley N° 19.070 y el artículo 510 del Código del Trabajo, el plazo es de dos años contado desde que el derecho se hizo exigible. Al no constar reclamaciones formales previas que interrumpieran la prescripción, el cobro de esas asignaciones se consideró prescrito.

¿Qué efecto tiene una reclamación formal en el plazo de prescripción de asignaciones municipales de docentes?

En este caso, la Contraloría sostuvo que solo una reclamación formal previa puede interrumpir el plazo de dos años. Como no constaban reclamaciones de ese tipo, el plazo siguió corriendo y el derecho se extinguió.

¿Qué pasa con el bono extraordinario de excedentes que se reclama junto con asignaciones de un docente municipal?

Este dictamen indicó que el bono extraordinario de excedentes ya había sido resuelto en un pronunciamiento anterior de la Contraloría, por lo que no se volvió a decidir sobre él en este caso.

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