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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la prescripción del derecho a…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la prescripción del derecho al cobro de remuneraciones de una funcionaria regida por la ley N° 18.834. Dictaminó que el derecho al cobro del sueldo prescribe en dos años contados desde que se hizo exigible, mientras que el de las asignaciones de leyes especiales prescribe en seis meses, plazos que se interrumpen por reclamo formal. En el caso, la funcionaria solicitó el pago el 21 de septiembre de 2012, fecha que interrumpió la prescripción, por lo que se rechazó la alegación de prescripción. Además, se desestimó su solicitud de pago de diferencias de estipendios por su desempeño como abogada, al no acreditarse que el servicio debiera asignar un grado remuneratorio específico a quienes cumplían dicha función.

Normas citadas

  • ley 18834 art/161
  • ley 18834 art/98
  • ley 18834 art/99
  • ley 18575 art/50
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿En cuánto prescribe el derecho a cobrar remuneraciones de un funcionario público regido por la ley 18.834?

En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que el derecho al cobro del sueldo prescribe en dos años desde que se hizo exigible, y el de las asignaciones de leyes especiales en seis meses. Ambos plazos se interrumpen con un reclamo formal.

¿Un reclamo formal de pago interrumpe la prescripción del cobro de remuneraciones en la Administración del Estado?

Sí. La Contraloría sostuvo que los plazos de prescripción se interrumpen por reclamo formal, y en este caso la solicitud de pago presentada por la funcionaria interrumpió la prescripción, por lo que se rechazó la alegación en contrario.

¿Procede el pago de diferencias de estipendios a un funcionario que desempeñó funciones de abogado sin un grado remuneratorio específico?

En este caso, la Contraloría desestimó la solicitud de diferencias de estipendios por desempeño como abogada, porque no se acreditó que el servicio debiera asignar un grado remuneratorio específico a quienes cumplían dicha función.

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