El Consejo para la Transparencia acogió los amparos deducidos en contra de la Municipal…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió los amparos deducidos en contra de la Municipalidad de Arica, ordenando la entrega de copias de los sumarios administrativos afinados solicitados. Se consideró que la información requerida es de naturaleza pública, conforme al artículo 8° inciso segundo de la Constitución y a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, descartándose la causal de reserva invocada. La entrega deberá realizarse aplicando el principio de divisibilidad para resguardar la vida privada de los intervinientes y el debido cumplimiento de las funciones del órgano, permitiendo el control social de la función pública. Se otorgó un plazo prudencial para el cumplimiento, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la ley ante la no entrega oportuna.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.628
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 18.834
DFL N° 29
Resolución Exenta N° 491
Artículo 9° de la Ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Los sumarios administrativos terminados en un municipio son información pública en Chile?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que la información es de naturaleza pública, conforme al artículo 8° de la Constitución y a la Ley de Transparencia, y descartó la causal de reserva invocada por el municipio.
¿Puede un municipio negarse a entregar copias de sumarios administrativos alegando reserva o protección de la vida privada?
En este caso, el Consejo acogió los amparos y ordenó la entrega de las copias solicitadas, aplicando el principio de divisibilidad para resguardar la vida privada de los intervinientes en lugar de negar el acceso completo.
¿Qué implica el principio de divisibilidad cuando se pide información de un sumario administrativo?
En este caso, el Consejo indicó que la entrega debe hacerse aplicando este principio, de modo que se protejan los datos personales de los intervinientes y se cumpla la función del órgano, permitiendo el control social de la función pública.
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