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Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras P…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, ordenando la entrega de información estadística sobre accidentes ocurridos en la ruta concesionada consultada. Se trata de información pública relativa al cumplimiento de una concesión de obra pública fiscal, desestimándose la causal de reserva por afectación de derechos comerciales o económicos del tercero interesado. Conforme al principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto según la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Si la información no obra en poder del órgano, deberá informarlo de modo circunstanciado a la reclamante y al Consejo. Además, se apercibe con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia ante la no entrega oportuna, debiendo acreditarse el cumplimiento efectivo.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 15.840
  • DFL N° 206
  • Oficio Ordinario N° 21.850
  • Artículo 20 de la Ley N° 20.285
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Son públicos los datos estadísticos sobre accidentes en una ruta concesionada por el Estado chileno?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar la información estadística sobre accidentes, por tratarse de información pública relativa al cumplimiento de una concesión de obra pública fiscal.

¿Puede una concesionaria negarse a entregar información invocando afectación de sus derechos comerciales o económicos?

En este caso, el Consejo desestimó la causal de reserva por afectación de derechos comerciales o económicos del tercero interesado, por lo que no fue admisible como fundamento para negar la entrega.

¿Qué ocurre si un organismo público no tiene la información solicitada en su poder?

En este caso, el Consejo resolvió que el órgano debe informarlo de modo circunstanciado a la reclamante y al propio Consejo, y que ante la no entrega oportuna procede apercibirlo con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia.

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