La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un proveedor co…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un proveedor contra Carabineros de Chile, que rechazó su solicitud de prórroga de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, debido a un incendio que afectó a su proveedor. El organismo concluyó que la decisión de Carabineros se ajustó a derecho, ya que la solicitud fue presentada fuera del plazo de 5 días hábiles establecido en las bases y el contrato, y los antecedentes aportados fueron insuficientes para acreditar el caso fortuito, pues el incumplimiento de un tercero no exime al adjudicatario de sus obligaciones. No obstante, la Contraloría advirtió que, si bien no existía plazo para responder la petición, Carabineros debe observar el principio de celeridad de la ley N° 19.880 en futuras actuaciones.
Normas citadas
ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede prorrogar el plazo de un contrato público por caso fortuito si el incendio afectó a un proveedor del contratista?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no procedía, porque la solicitud se presentó fuera del plazo de 5 días hábiles de las bases y del contrato y los antecedentes no acreditaron el caso fortuito. Además, el incumplimiento de un tercero no exime al adjudicatario de sus obligaciones.
¿Qué plazo tiene el adjudicatario para pedir una prórroga por fuerza mayor en un contrato con Carabineros?
En este caso, el organismo tuvo como plazo aplicable el de 5 días hábiles establecido en las bases y el contrato para presentar la solicitud de prórroga. La solicitud presentada fuera de ese plazo fue considerada extemporánea.
¿Debe la Administración responder con celeridad las peticiones de un contratista según la ley 19.880?
En este caso, la Contraloría advirtió que, aunque no existía plazo para responder la petición, Carabineros debe observar el principio de celeridad de la ley N° 19.880 en futuras actuaciones. Con ello dejó claro que la falta de plazo no libera a la Administración de actuar con diligencia.
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