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El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un imputado en contra del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en el marco de un proceso penal seguido por delitos de porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de municiones, atentado a la salubridad pública y consumo de sustancias estupefacientes en lugares públicos. El requirente sostenía que la norma, al excluir la posibilidad de acceder a penas sustitutivas para ciertos delitos, vulneraba la igualdad ante la ley y resultaba desproporcionada. El Tribunal consideró que la disposición impugnada no es discriminatoria ni carece de razonabilidad legislativa, pues el legislador puede establecer presidio efectivo en delitos con reproche adicional, como los de violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas. Además, precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal, no a esta magistratura.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política
  • Artículo 19, numeral 2°, constitucional
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24
  • Ley N° 18.216
inaplicabilidadinconstitucionalidadigualdad ante la leyno discriminaciónproporcionalidad de las penas

Preguntas frecuentes

¿El legislador puede excluir de las penas sustitutivas a ciertos delitos sin vulnerar la igualdad ante la ley en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la exclusión no es discriminatoria ni carece de razonabilidad, porque el legislador puede establecer presidio efectivo en delitos con mayor reproche, como el uso de armas prohibidas o el tráfico de drogas.

¿Es procedente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la exclusión de penas sustitutivas en la Ley 18.216?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que impugnaba el inciso segundo del artículo 1° de la Ley 18.216 por considerarlo desproporcionado e inconstitucional respecto de delitos de porte de arma prohibida y otros similares.

¿Quién decide la pena concreta que se aplica a un imputado cuando se discute la proporcionalidad de una sanción?

En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal y no a esta magistratura, la cual se limitó a revisar la constitucionalidad de la norma aplicable.

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